Oficina Presidencial de Inversiones acelerará proyectos estratégicos en México
México avaló 22 proyectos por 8,000 mdd; otros podrían resolverse en menos de 90 días.
El Gobierno de México lanzó un mecanismo para reducir trámites, dar seguimiento directo a inversiones y acelerar proyectos prioritarios.

Trámites más rápidos para capital productivo
La Oficina Presidencial de Inversiones busca convertirse en la nueva puerta de entrada para proyectos estratégicos en México. El gobierno federal presentó un esquema para reducir trámites, acelerar autorizaciones y dar seguimiento directo desde Presidencia a inversiones consideradas prioritarias.
La Oficina Presidencial de Inversiones tendrá la tarea de acompañar a empresas durante el proceso de gestión y coordinar respuestas entre dependencias federales. El objetivo es que ciertos proyectos reciban autorización en un plazo máximo de 30 días hábiles, siempre que cumplan con los criterios establecidos.
La medida forma parte del Plan México y del decreto de acciones inmediatas para la inversión. El comité de evaluación estará vinculado con Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente, Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital, además de un consejo asesor enfocado en relocalización.
Sectores estratégicos y nuevos proyectos
La Oficina Presidencial de Inversiones dará prioridad a proyectos ubicados en polos de desarrollo, inversiones superiores a 2,000 millones de pesos o iniciativas en sectores estratégicos. Entre ellos figuran energía, semiconductores, tecnología, química, textil, aeroespacial, farmacéutica, dispositivos médicos y automotriz.
El gobierno informó que ya existen 22 proyectos avalados por 8,000 millones de dólares. Para inversiones que no entren en la ventanilla acelerada, el plazo de resolución podría ser menor a 90 días si cumplen con los requisitos regulatorios.
La apuesta puede mejorar la percepción de certidumbre si logra reducir tiempos sin debilitar controles técnicos, ambientales o fiscales. Su éxito dependerá de que la simplificación no sea solo administrativa, sino una herramienta para transformar intención de inversión en proyectos productivos, empleo formal y mayor valor agregado. Para las empresas, el cambio promete menos incertidumbre; para el Estado, exige coordinación, vigilancia y capacidad técnica permanente.
