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La diferencia en los sueldos que perciben mujeres y hombres, también conocida como brecha salarial, es un reto que sigue estando presente en diversos ámbitos y sectores, no sólo en nuestro país. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, a nivel global las mujeres reciben un salario 20% inferior al de los varones, aun cuando realicen las mismas actividades o funciones.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que México se ubica en el lugar 33 de 37 países que registran la mayor desigualdad en salarios.

Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el primer trimestre del año, nuestro país registró una brecha salarial entre mujeres y hombres, del 13.5 por ciento; problemática que se agudiza entre la población indígena.

En este contexto, con el propósito de garantizar la igualdad en remuneraciones, entre las y los trabajadores, la diputada del PRI, Norma Angélica Aceves García propuso una iniciativa que busca reformar los artículos 86, 551, 554, 561 y 562 de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La iniciativa establece que, para determinar la igualdad entre los trabajos, las autoridades deberán allegarse de estudios, datos y estadísticas sobre la participación en la productividad, economía y desempeño de los diferentes puestos que conforman la cadena de valor, para garantizar lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo: “A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual”.

Asimismo, la propuesta señala que, al sugerir la fijación de salarios mínimos profesionales, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá observar y respetar el principio de paridad de género, y realizar los ajustes necesarios para garantizar la igualdad de sueldos entre las personas que desempeñan trabajos de igual valor.

“La Dirección Técnica de Conasami deberá realizar los estudios necesarios para determinar las condiciones de acceso al empleo y de desigualdad por razones de género que enfrentan las mujeres en materia de participación económica, así como las investigaciones para determinar las condiciones de vida de los hogares encabezados por mujeres jefas de familia”.

Como parte de los argumentos que acompañan la propuesta de reforma, se menciona que en el mercado laboral existe una mayor presencia de trabajadores hombres, quienes representan el 76.5% de la población económicamente activa mayor de 15 años; mientras que el porcentaje de trabajadoras ocupadas es del 45.7%, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

“El escenario que se origina es profundamente desigual, debido a que, al género masculino se le coloca en una situación ventajosa, de poder y dominación; mientras que, el femenino se encuentra con menores posibilidades de desarrollo”, sostiene el documento.

Refiere que, si bien cada vez más mujeres están activas en el ámbito laboral, continúan los tratos diferenciados que se reflejan en la cantidad de trabajo ofertado para ellas, destacando también los salarios inferiores en relación con lo que se les ofrece a los hombres.