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Lo complejo de las relaciones laborales para las empresas en México nos debe poner muy alertas para evitar consecuencias mayores, ya que nos referimos muchas veces a los derechos humanos de nuestros colaboradores y constitucionalmente a los salarios, que con tantas reformas populistas se han visto beneficiados con una Reforma a la Subcontratación que, en consecuencia, atrajo la Reforma a la PTU. Después nos encontramos con el incremento a la cuota de la cuenta en las aportaciones al fondo de cesantía y vejez en edad avanzada o“la mentada” Reforma a las Pensiones; posteriormente, el incremento en los días de vacaciones o ‘Vacaciones Dignas’, cuando en un primer año de trabajo se gozaban de 6 días de vacaciones, ahora son 12 y hasta 32 días de vacaciones, más el 25% de la prima vacacional. A todo esto, agregué los incrementos anuales al salario mínimo que, de 6 años a la fecha, representan el 110% de incremento. Y ahora, para cerrar sexenio con broche de oro, se pretende aprobar la Reforma al Aguinaldo para 2024, siendo esta prestación de 15 días de salario a 30 días de salario del trabajador, misma que se debe pagar antes del 20 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, próximo a reformarse.

 

Todas estas medidas populistas y en favor de los trabajadores son muy buenas y se aplauden, pero la realidad de México no obedece a comparar ni siquiera las jornadas laborales de este país con otro, porque simplemente con cada reforma se presenta un aumento en el costo de la producción de los bienes y servicios. Por ende, la burbuja inflacionaria no permite que este país avance y propicia que el empresario lleve a cabo esquemas de simulación laboral, usando hasta dos empresas para pagar el ingreso del trabajador y con esto evitar la carga social y prestaciones de ley, haciendo del empresario un delincuente.

 

Esto es tan grave, que es claro que quienes legislan nunca han pagado un salario, renta, materia prima o simplemente han dirigido una empresa, siempre la clase política ha vivido de nosotros los ciudadanos trabajadores y cumplidores.

 

Tenemos dos fenómenos: Uno, hacer del empresario un delincuente y defraudador fiscal, violador de los derechos humanos de los trabajadores; y dos, que el trabajador sea afectado en sus derechos laborales a causa de prácticas fiscales y laborales agresivas como la simulación laboral usando regímenes fiscales como el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

 

La simulación laboral es un delito que contempla penas de 3 meses hasta 9 años de prisión, de acuerdo con el monto de lo defraudado. Se contempla que estas sanciones se incrementen en una mitad cuando se utilice RESICO. Recordemos que desde el año pasado se estableció en el Código Fiscal de la Federación que aquel contribuyente que utilice RESICO para la simulación de servicios profesionales independientes cometerá el delito de defraudación fiscal. Por eso, el incremento en la pena del delito.

 

Evite la subcontratación de servicios y obras especializadas que formen parte del objeto social y de la actividad económica del contribuyente como estrategia fiscal agresiva. De ahí la importancia del Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas (REPSE) para evitar este tipo de prácticas, ya que podría ser sancionado mediante el procedimiento de una inspección laboral.

 

Analice, como el empleador se convierte en delincuente gracias a las Reformas dictadas y, por otra parte, en lugar de beneficiar al trabajador lo dañan en sus derechos humanos y laborales. ¿Usted qué opina?