¿Desaparecerá el INE?

La Reforma Electoral de México, que presentó en el mes de abril del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende eco­nomizar los costos del sistema político del país.

Dentro de los cambios más significativos en esta iniciativa se encuentran la disminución del número de diputados y senadores y la reducción del financiamiento a los diferentes partidos po­líticos, lo que ha ocasionado la inconformidad de algunos sectores de la población.

De acuerdo con diferentes expertos en el tema, esta propuesta es una estrategia del go­bierno para eliminar al Instituto Nacional Elec­toral (INE), el órgano constitucional autónomo de máxima autoridad en términos electorales en el territorio mexicano.

El desarrollo de este proyecto pretende un ahorro de alrededor de 24 mil millones de pesos en consecuencia de los ajustes a realizar en la ad­ministración electoral y legislativa y en el decre­cimiento del número de funcionarios públicos.

Bajo este contexto, el 13 de noviembre del presente año se llevó a cabo una manifestación nacional, convocada por partidos políticos de oposición, con la finalidad de protestar en contra de la reforma electoral.

López Obrador señala que este plan supone la modificación de leyes secundarias y no de los artículos de la Constitución. De igual manera, el presidente mexicano sostiene que esta iniciati­va responde a la petición de la ciudadanía y de organizaciones para que se garanticen procesos electorales legítimos.

El elemento que más destaca de esta reforma es la sustitución del INE por el Instituto Nacio­nal de Elecciones y Consultas (INEC). Este nuevo órgano electoral contaría con siete consejeros electos por voto popular.

El INEC sería el encargado de la gestión de comicios federales, estatales y municipales. De este modo, con la creación de esta organización los institutos electorales de cada estado desapa­recerían.

Por otro lado, respecto al Senado, se esti­ma que la cifra de legisladores disminuiría de 128 a 96; en el caso de la Cámara de Dipu­tados, el número bajaría de 500 a 300; y en los ayuntamientos habría un límite de nueve regidores.

Finalmente, este proyecto pretende eli­minar el presupuesto a partidos políticos en años no electorales, por lo que se espera que el ahorro sea de aproximadamente el 66% del gasto actual.