Congreso de Tlaxcala nombra a Ernestina Carro Roldán como primera Fiscal General de Justicia Estatal
Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala determinó es improcedente ratificar a la integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Edith Alejandra Segura Payán, en tanto que, designó e Ernestina Carro Roldán como titular de la nueva Fiscalía General de Justicia estatal, para el periodo comprendido del 26 de julio de 2024 al 25 de julio de 2031.
Durante la sesión extraordinaria pública, las y los integrantes de la LXIV Legislatura avalaron el dictamen presentado por la Comisión Especial, encargada del proceso de evaluación de la Consejera Edith Alejandra Segura Payán, quien el 22 de julio del presente año, en el que solicitó su no ratificación en el cargo que actualmente ocupa y que se inicie el proceso correspondiente para poner a disposición de la sociedad dicho puesto.
En ese contexto, el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), reconoció el procedimiento llevado a cabo por las y los diputados que integran la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, por el cual fue designada este día Ernestina Carro Roldán como la primera titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
La decisión tomada por acuerdo del Pleno del Congreso local, en sesión extraordinaria, resulta determinante para avanzar en el proceso de transición por el cual la Procuraduría General de Justicia del Estado dará paso a la nueva Fiscalía General de Justicia, que deberá comenzar operaciones a más tardar el 1 de agosto de 2024, señaló el Gobierno tlaxcalteca.
De esta manera, el Estado de Tlaxcala contará con un órgano constitucional autónomo encargado de la función ministerial que, además, ejercerá sus atribuciones y facultades con base en la Ley Orgánica que, para tal efecto, fue autorizada y publicada.
Refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de colaborar con los Poderes y órganos autónomos para atender los desafíos que enfrenta el estado y responder de modo puntual a las demandas de la ciudadanía, como es, en este caso, la necesidad de una procuración de justicia autónoma que asegure una eficiente investigación y persecución de los delitos para garantizar sus derechos.
